Opinión | Lo que nadie está diciendo sobre la Casa de la Cultura de Bermejillo

En los últimos días, la Casa de la Cultura de Bermejillo ha ocupado titulares, publicaciones y comentarios en redes sociales. Sin embargo, en medio de tanta polémica, hay aspectos fundamentales que prácticamente nadie está poniendo sobre la mesa.

La discusión no debería centrarse en la actuación del personal jurídico del Ayuntamiento, sino en una pregunta mucho más importante: ¿quién debe administrar un inmueble que pertenece a todos los ciudadanos?

La Casa de la Cultura funciona en un espacio público. No es propiedad de un grupo de personas, de una administración municipal ni de un particular. Es un inmueble que forma parte del patrimonio del municipio y, por esa razón, cualquier autoridad tiene la obligación de velar por su correcta administración y por el cumplimiento de la ley.

Si el Ayuntamiento decidió iniciar un procedimiento para recuperar la administración del inmueble, está ejerciendo una facultad que le corresponde. Se podrá estar de acuerdo o no con la forma en que se llevó a cabo, pero lo que no puede perderse de vista es que un gobierno también tiene la responsabilidad de proteger los bienes públicos.

Otro aspecto del que poco se habla es el manejo de los recursos.

Durante años, la Casa de la Cultura recibió un apoyo económico mensual por parte del Ayuntamiento para su operación. Además, los usuarios de los talleres aportaban cuotas de recuperación para participar en las distintas actividades.

Esto no significa, por sí mismo, que exista una irregularidad. Sin embargo, sí justifica que cualquier autoridad y cualquier ciudadano exijan claridad sobre la administración de esos recursos y sobre las condiciones bajo las cuales se operaba un inmueble público.

Cuando existe dinero público de por medio, la transparencia no es opcional.

Cuando se administra un bien que pertenece a todos, la rendición de cuentas tampoco lo es.

También resulta importante recordar que la actual administración buscó que las actividades culturales llegaran a otros sectores del municipio, como Mapimí y Ceballos, con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura. Esa intención demuestra que el debate nunca ha sido sobre desaparecer la cultura, sino sobre la forma en que debe administrarse y llevarse a más ciudadanos.

Las marchas, las manifestaciones y las publicaciones en redes sociales forman parte de la libertad de expresión y son totalmente válidas. Pero ninguna protesta sustituye la necesidad de que exista certeza jurídica sobre el uso de un inmueble público y sobre el manejo de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos.

Durante muchos años pudieron existir prácticas que nadie cuestionó. Pero el paso del tiempo no convierte una costumbre en un derecho adquirido.

Ningún grupo, por valioso que sea el trabajo que realiza, puede asumir que un inmueble público le pertenece simplemente porque lo ha ocupado durante años.

Los bienes públicos son de todos.

Los recursos públicos son de todos.

Y precisamente por eso, cualquier autoridad tiene la obligación de administrarlos con legalidad, transparencia y responsabilidad.

La cultura merece todo el apoyo posible. Pero ese apoyo debe darse dentro de un marco de certeza jurídica, con reglas claras y pensando siempre en el interés de toda la comunidad.

Porque al final, la verdadera discusión nunca debió ser quién levantó más la voz.

La verdadera discusión es si estamos dispuestos a exigir que los bienes y los recursos públicos se administren conforme a la ley, sin excepciones y sin privilegios para nadie.